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Boletín de prensa 22 de agosto de 2011
EL TIEMPO
LAS LEYES MÁS INÚTILES QUE HAY EN EL PAÍS
El presidente Juan Manuel Santos pidió al Congreso derogarlas. El Gobierno las está identificando.
Quien haya estudiado derecho o esté pensando en hacerlo sabe que en el país se han producido más de 20 mil leyes y más de 8 mil jurisprudencias de las altas cortes que, tal vez, nunca llegará a memorizar.
Esto ha llevado a que los mismos juristas y hasta el Gobierno reconozcan que se sufre de una "inflación normativa", que comprende leyes obsoletas o absurdas, como regular la propiedad de las abejas, determinar cómo se debe gobernar a "los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada" y una por la cual "se prohíbe la mendicidad", entre otras.
El Código Civil rige desde 1887 y, aunque la Corte Constitucional ha actualizado su lenguaje y el alcance de algunos de sus artículos, aún se encuentran casos curiosos.
En su artículo 697 se lee: "Las palomas que abandonan un palomar y se fijan en otro se entenderán ocupadas legítimamente por el dueño del segundo, siempre que este no se haya valido de alguna industria para atraerlas y aquerenciarlas". Solo en los últimos cinco años, el Congreso expidió 327 leyes y 11 reformas de la Constitución.
Rodrigo Uprimny, director de Dejusticia, aseguró que "hay un gran desorden legal", por lo que no se sabe qué está o qué no está vigente.
Esto ha llevado al presidente Juan Manuel Santos a proponerle al Congreso, ya en dos ocasiones, hacer "algo que hizo Suecia en los años 70, que es dedicarse seis meses no a legislar, sino a borrar leyes innecesarias".
De hecho, el Gobierno trabaja en un compilado de las normas aprobadas desde 1886. Pablo Felipe Robledo, viceministro de Justicia, señaló que "desde el 2005 se conformó el Sistema Único de Información Normativa, que a la fecha ha recopilado más de 20 mil normas y 8 mil jurisprudencias, pero aún falta bastante trabajo, con el fin de analizarlas y determinar cuáles están vigentes y cuáles no".
Los presidentes de la Cámara y el Senado, Simón Gaviria y Juan Manuel Corzo, respectivamente, coincidieron en que se debe llevar al Congreso un informe por sectores para saber qué normas se deben derogar por obsoletas o inútiles.
Algunas normas curiosas
Los juristas afirman que varias de estas leyes fueron necesarias, pero deberían derogarse.
1. Ley 89 de 1890
"Determina cómo deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada." Rige los cabildos indígenas, pero su título se considera racista.
2. Artículo 696 del Código Civil
"Las abejas que huyen de la colmena y posan en árbol que no sea del dueño de esta vuelven a su libertad natural y cualquiera puede apoderarse de ellas y de los panales."
3. Ley 119 de 1919
En su artículo 21, esta norma establece que el Estado debe enviar anualmente a tres estudiantes al extranjero para prepararse en temas de silvicultura.
4. Acuerdo 1 de 1918
"Por el cual se crea el fondo de los pobres y se prohíbe la mendicidad." Establece un impuesto sobre espectáculos, pero se critica porque no dice cómo acaba la "mendicidad".
5. Ley 72 del 2008
Da estímulos electorales, como días compensatorios a empleados oficiales. El ex presidente de la Corte Constitucional José G. Hernández dice que el nivel de abstención evidencia que "no funcionan".
PROYECTO DE LEY BUSCA QUE COLOMBIA TENGA SEGURO DE
Se pagaría el 90% del último salario devengado. Se debe haber trabajado formalmente por un año.
La angustia que han tenido que pasar miles de colombianos al perder su trabajo podría dejar de repetirse, si el Congreso le da vía libre a un proyecto de ley que crea el seguro de desempleo.
La iniciativa, impulsada por el senador de 'la U' Mauricio Lizcano, establece el pago, durante 6 meses, del 90 por ciento del último salario devengado por una persona que pierde su empleo, pero tiene como requisito que se haya trabajado formalmente durante un año consecutivo.
Este seguro solo cobijaría a las pesonas que ganen hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, que, según el reporte de marzo de estabilidad financiera del Banco de la República, son cerca 18 millones 600 mil en el país.
"El primer mes se recibe el equivalente al 90 por ciento del último salario devengado, y las cuotas van descendiendo mes a mes. Habrá un consejo directivo que maneje los fondos y, de acuerdo con los recursos y el número de desempleados, se determinarán anualmente los montos que se van a pagar después del primer giro", explicó Lizcano.
El congresista aseguró que una medida de estas ayuda a mantener estable la economía, por lo cual consideró que el Gobierno le dará el visto bueno a la iniciativa durante su trámite legislativo.
"No es solo una medida de protección social, porque es anticíclica y recomendable para las economías, porque si una persona pierde el empleo deja de consumir y así crece menos la economía, lo que finalmente incentiva el desempleo", señaló el congresista.
Este seguro sería manejado por los fondos de pensiones y operado por las cajas de compensación. Lizcano reconoció que uno de los puntos que generarán mayor debate en el Congreso es de dónde saldrán los recursos para financiarlo.
Por eso, el legislador explicó que "no aumentan el presupuesto ni los parafiscales".
Según la exposición de motivos de la iniciativa, el seguro se financiaría principalmente de tres fuentes: el subsidio familiar, que anualmente asciende a 100 mil millones de pesos; los recursos del Fondo para el Fomento del Empleo y Protección al Desempleado (Fonede), que maneja cerca de 202 mil millones de pesos al año, y de las cesantías de los usuarios que, por año, llegan a alrededor de 544 mil millones de pesos. Esto daría un presupuesto anual cercano a los 846 mil millones de pesos.
"También se propone que se congele el 30 por ciento del primer año de cesantías del empleado, pero se le devuelven al mismo trabajador. Esto no sería solidario. Uno de los problemas es que la gente se gasta la cesantías antes de finalizar un contrato y se quedan sin ese beneficio", aseguró Lizcano.
Augusto Posada, representante a la Cámara de 'la U' y coautor del proyecto, aseguró que el Gobierno ya vio con buenos ojos la propuesta.
"Hemos tenido unos pronunciamientos de parte del Gobierno, y una vez se comience la discusión esperamos que lo respalden en el Congreso. Hay disposición y voluntad política", dijo.
El proyecto ya fue radicado en el Senado. Se espera que comience allí su trámite la próxima semana.
Puntos claves de la iniciativa que se estudia
1. Remuneración
Se reconocerá un pago durante seis meses a las personas que hayan trabajado formalmente durante, mínimo, un año. El primer giro será equivalente a un 90 por ciento del último salario devengado, pero esta cuota irá disminuyendo gradualmente.
2. Protección
Se crea el Sistema de Protección al Desempleado, al cual deberán ser afiliados todos los trabajadores que ganen hasta dos salarios mínimos legales vigentes. Desde aquí se administrarán los fondos del seguro. Tendrá la supervisión del Gobierno.
3. Manejo
Se establece que las entidades de aseguramiento serán las cajas de compensación familiar y tendrán a su cargo la afiliación de los usuarios y la administración de los servicios del aseguramiento contra el desempleo.
4. Vigilancia
La Superintendencia Financiera será la encargada de vigilar a las entidades aseguradoras contra el desempleo, que además deberán tener presencia nacional y garantizar una solvencia económica que les permita prestar el servicio.
5. Plazos
La iniciativa establece un plazo de máximo 30 días para solicitar el seguro de desempleo, contados a partir de la fecha en la que la persona se queda sin trabajo. De ser aprobado, el primer giro se realizará dos meses después de la cesación laboral.
'Lo que se necesita es un estatuto del trabajo'
El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Tarsicio Mora, aseguró que lo que el país necesita es una política "seria" para evitar el desempleo, por lo que afirmó que el Congreso más bien debería legislar sobre un estatuto del trabajo.
"Se había creado un seguro al desempleo a través de las cajas de compensación, y fracasó. Luego establecieron que se haría una política para generar empleo, la cual tampoco funcionó. Seguimos haciendo las cosas al revés, ¿por qué el Estado y el Congreso no estructuran un estatuto del trabajo?", se preguntó Mora.
Para el dirigente sindical, muchos trabajadores no se beneficiarían con este seguro porque "se plantea una cotización mínima de 12 meses, y hoy encontramos contratos de 3 meses o incluso hasta de 21 días".
Julio Roberto Gómez, presidente de la Central General del Trabajo (CGT), coincidió en la necesidad de desarrollar una política del trabajo, pero saludó la propuesta.
"Debemos plantearle al Congreso la urgente necesidad de desarrollar una política de empleo, pero se deben reconocer las buenas intenciones de una iniciativa de esta naturaleza", dijo.
Otros alivios al desempleo
En el país hay auxilios para una persona sin trabajo
Existe un subsidio de desempleo que otorgan las cajas de compensación por seis meses, de 1,5 salarios mínimos mensuales vigentes. Este se entrega en especie, por lo general en bonos de mercado, salud o educación. También está el seguro de desempleo atado a la cuota del crédito de vivienda, que se puede solicitar a la entidad financiera que le aprobará la hipoteca. Los bancos también ofrecen una póliza de desempleo para respaldar el pago de la cuota de la tarjeta de crédito, dinero que es abonado directamente a la entidad financiera.
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS ESTARÁ 12 DÍAS EN EL PAÍS
El alto tribunal realizará cuatro audiencias sobre temas de interés para Argentina, Brasil y Chile.
Magistrados de la CIDH, además de deliberar, dictarán un seminario y conversarán con víctimas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) trasladará desde este lunes, y por doce días, sus deliberaciones a Bogotá.
La realización en Colombia del 92 periodo ordinario de sesiones de este alto tribunal se da en virtud de una invitación que el año pasado formuló el Gobierno.
Durante los 12 días de deliberaciones, la CIDH realizará cuatro audiencias públicas sobre temas de interés para Argentina, Brasil y Chile. "Esta visita busca acercar el quehacer del Sistema Interamericano de Derechos Humanos a la ciudadanía, a las instituciones", explicó Pablo Saavedra, secretario general de la CIDH.
Y es que, además de las deliberaciones, los magistrados de la CIDH dictarán el seminario internacional 'Fortaleciendo la protección de los derechos humanos a través del diálogo jurisprudencial', en el que se abordarán temas como la desaparición forzada, derecho a la integridad personal y derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas, así como la reparación de víctimas.
También está previsto un conversatorio con víctimas y organizaciones de la sociedad civil, así como actividades protocolarias; la primera es la visita que los magistrados realizarán hoy al Senado.
Saavedra explicó que, por su naturaleza, no es competencia de la CIDH hacer "una evaluación sobre la política de derechos humanos en el país".
No obstante, dijo que "esta invitación del Gobierno y la fluida comunicación que tenemos, viene a ser un reflejo del compromiso que se tiene con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos".
REFORMA DE LA JUSTICIA SERÁ SOCIALIZADA EN LAS REGIONES
Hay acuerdo en Comisión Primera del Senado para que haya doble instancia en juzgamiento de aforados.
Con el fin de socializar con el mayor número de sectores posible los proyectos de reforma de la justicia que llegaron al Congreso, la Comisión Primera del Senado acordó que realizará una serie de foros y audiencias en varias regiones del país, antes de comenzar formalmente la discusión legislativa de estas iniciativas.
Esto lo confirmó el presidente de esa célula legislativa, el liberal Luis Fernando Velasco, quien advirtió que no solo se deben escuchar las propuestas de las cortes y el Gobierno, sino también las de la ciudadanía.
"Revisaremos cuál es la visión de los altos funcionarios del Estado, pero ese debate no se quedará ahí. Queremos escuchar litigantes, ciudadanos, empresarios y a la academia, entre otros sectores. Por eso, se hará foros en todo el país", dijo el senador.
En algo que ya hay acuerdo en el Congreso es en la necesidad de impulsar la doble instancia en el juzgamiento de aforados. Este punto generó tensión entre Gobierno y rama judicial, porque se llegó a pensar que se le querían quitar funciones a la Corte Suprema de Justicia.
De hecho, el proyecto de reforma constitucional presentado por el Ejecutivo establece que la Fiscalía hará la instrucción para que la Corte Suprema juzgue, mientras que los magistrados apoyan la segunda instancia, pero con su propia fórmula.
Esto implicaría que se dividan los nueve magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema, de tal manera que tres investiguen, igual número juzgue en primera instancia y otros tres se pronuncien en segunda.
El conservador Eduardo Enríquez Maya aseguró que Colombia no puede seguir desconociendo el derecho de la doble instancia para los congresistas.
"El único país del mundo que no tiene doble instancia para los aforados es Colombia. No podemos seguir en esa cultura bárbara, porque a todo ser humano hay que respetarle el derecho a la legítima defensa", afirmó Enríquez.
Esta posición la comparte la oposición. El senador del Polo Luis Carlos Avellaneda señaló que "el principio de la doble instancia es prácticamente universal y hace parte de la garantía de defensa".
Otro punto que genera división, no solo entre Gobierno y cortes sino en el mismo Congreso, es la eliminación del Consejo de la Judicatura.
El Gobierno quiere eliminarlo y la rama judicial propone modificarlo. El senador Juan Carlos Vélez consideró que "lo que se debe hacer es reformarlo".
Mañana están citados los presidentes de las altas cortes al seno de la comisión para comenzar este debate sobre los alcances y contenidos de la reforma de la justicia, y el miércoles se espera la asistencia de otros altos funcionarios de la rama judicial, como el procurador Alejandro Ordóñez y la fiscal Viviane Morales.
Ya hay consenso sobre la doble instancia
Los congresistas consideran que este es un derecho universal al que deben acceder
Luis Fernando Velasco
"Sí a la doble instancia, pero no ante un mismo organismo. Tiene que existir un superior".
Eduardo Enríquez Maya
"Somos el único país del mundo que no tiene doble instancia para los aforados".
Juan Carlos Vélez
"Estoy de acuerdo, pero no sé en qué términos, porque aún no se sabe cómo aplicarla".
Luis Carlos Avellaneda
"La doble instancia es casi universal y hace parte de la garantía de defensa".
EL ESPECTADOR
CORTEIDH Y CONSEJO DE ESTADO COORDINARÁN ESFUERZOS POR D.HUMANOS
Suscribirán un convenio para coordinar esfuerzos en el mejoramiento de la administración de justicia.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Consejo de Estado de Colombia, máxima instancia jurídico-administrativa del país, suscribirán la semana próxima en Bogotá un convenio para coordinar esfuerzos en el mejoramiento de la administración de justicia, informaron hoy fuentes judiciales.
Varios integrantes de la CorteIDH, encabezados por su presidente el peruano Diego García-Sayán, visitarán oficialmente al Consejo de Estado colombiano, antes de iniciar su 92 período ordinario de sesiones en Bogotá.
Se trata de la segunda ocasión en que el organismo celebra un periodo de sesiones en la capital colombiana desde 2007.
En el convenio a suscribir, los dos organismos se comprometen a "coordinar esfuerzos para fortalecer sus relaciones, profundizar el conocimiento del derecho y difundir los instrumentos internacionales para la promoción y defensa de los derechos humanos", según las fuentes.
La CorteIDH celebrará en Colombia su periodo de sesiones para analizar dos polémicos casos contra Chile y Argentina y la situación de cárceles en Brasil.
El primer caso a revisar es el de la jueza chilena Karen Atala, a quien la Corte Suprema de su país retiró la custodia de sus hijas por ser lesbiana.
También una condena civil impuesta al director y editor de la Revista Noticias de Argentina, por dos artículos sobre un hijo no reconocido del expresidente Carlos Menem con una diputada nacional, en lo que la CorteIDH consideró un caso contra la libertad de expresión.
Igualmente estudiará el cumplimiento de las medidas provisionales en dos centros penitenciarios en Brasil para garantizar el respeto de los derechos de los reclusos.
La misión de la corte incluye a jueces de Costa Rica, Chile, Jamaica, Perú, República Dominicana y Uruguay.
Además de García-Sayán, se encontrará en Bogotá igualmente el secretario general de ese tribunal, Pablo Saavedra Alessandri.
También los magistrados Manuel Ventura (Costa Rica), Eduardo Vio Grossi (Chile), Margarette May Macaulay (Jamaica), Rhadys Abreu (República Dominicana), y Alberto Pérez (Uruguay).
EL NUEVO SIGLO
COMIENZAN A ACUMULARSE LOS PROYECTOS SOBRE UNIONES DEL MISMO SEXO
La Corte Constitucional que le ordenó al legislativo a ocuparse del tema antes del 20 de junio de 2013.
Tal como lo establece la ley Quinta, es decir el reglamento del Congreso, la presidenta de la Comisión Primera de la Cámara, la representante Adriana Franco, del Partido Liberal, comenzó a acumular algunos de los proyectos radicados ante esa célula legislativa para cumplir con sentencia de la Corte Constitucional que le ordenó al legislativo a ocuparse, antes del 20 de junio de 2013, de las uniones de parejas del mismo sexo.
Los primeros acumulados son los proyectos número 29 de 2011, “por medio del cual se crea el Contrato de Unión Civil entre Personas”, y 37 de 2011, “por medio del cual se modifica el Artículo 113 del Código Civil y otros”; las iniciativas fueron radicadas por los representantes Miguel Gómez, del Partido Social de Unidad Nacional, y Guillermo Rivera, del Partido Liberal.
Luego de la sentencia de la Corte, se a previó una avalancha de proyectos, pero hasta el momento solo se han radicado cuatro.
El primero en pasar de los anuncios a los hechos fue Gómez, al radicar un proyecto para regular las relaciones entre parejas por medio de un pacto civil, el cual beneficiaría a parejas heterosexuales y homosexuales.
El legislador dijo que a través de esta figura se podrán regular las relaciones patrimoniales, alimenticias, de socorro y de seguridad social entre parejas estables.
Gómez aclaró que este pacto entre parejas no emula el matrimonio pues la Constitución y el Código Civil establecen que el mismo es solo posible entre un hombre y una mujer, sino que se trata de un contrato civil que es fácil de disolver si una de las partes así lo desea: “El artículo 42 de la Constitución establece que la familia es el vínculo entre un hombre y una mujer a través del matrimonio, por tanto el tema no es solo de pareja, es de familia y no se puede afectar esta figura”.
Luego, el representante Rivera anunció su intención de presentar un proyecto para modificar el Código Civil, que permita regular las uniones entre parejas del mismo género.
Los otros dos proyectos fueron radicados apenas la semana pasada y todavía no se conoce una decisión de la presidenta Franco para acumularlas también con las de Gómez y Rivera.
Se trata, por una parte, del proyecto número 47 de 2011 Cámara, “por medio de la cual se regula la unión civil entre parejas del mismo sexo y se dictan otras disposiciones”, presentado por los senadores Armando Benedetti, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), sumado a Gilma Jiménez, Iván Name, Félix Valera y Jorge Londoño, del Partido Verde, y los representantes de esta última colectividad Alfonso Prada y Carlos Amaya. La iniciativa crea la figura de la Unión Civil, con los mismos efectos jurídicos del matrimonio, que solo procede para parejas heterosexuales.
El cuarto proyecto es el número 58 de 2011 Cámara, “por medio de la cual se modifica el código civil, el código de la infancia y la adolescencia y se dictan otras disposiciones”, de autoría de los representantes Alba Luz Pinilla e Iván Cepeda, del Polo Democrático.
El 26 de julio, a través de un comunicado, la Corte Constitucional anunció la sentencia C-577 de 2011, declarando la exequibilidad del artículo 113 del Código Civil que define el matrimonio civil en Colombia y exhortó al Congreso a legislar de manera sistemática y organizada sobre los derechos de las parejas del mismo sexo, con el objeto de eliminar el déficit de protección existente.
El artículo demandado establece que “el matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente”.
Los demandantes extendieron su acción al artículo 2 de las Ley 294 del 16 de julio de 1996, “por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar”, el cual señala que “la familia se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”; y el artículo 2 de la Ley 1361 del 3 de diciembre de 2009, “por la cual se crea la Ley de Protección Integral del a Familia”, que define familia como “el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”. La Corte decidió declarar exequible la expresión “un hombre y una mujer” contenida en el artículo 113 del Código Civil, pero se declaró inhibida para pronunciarse de fondo respecto de la expresión “de procrear” contenida en el mismo artículo, por ineptitud sustantiva de las demandas; y para pronunciarse de fondo respecto de la expresión “de un hombre y una mujer” contenida en los otros dos artículos mencionados, “por cuanto estas normas legales reproducen preceptos constitucionales”.
Con base en esas decisiones, es que la Corte exhortó al Congreso “para que antes del 20 de junio de 2013 legisle, de manera sistemática y organizada, sobre los derechos de las parejas del mismo sexo con la finalidad de eliminar el déficit de protección que, según los términos de esta sentencia, afecta a las mencionadas parejas” y advirtió que en ese plazo el Congreso “no ha expedido la legislación correspondiente, las parejas del mismo sexo podrán acudir ante notario o juez competente a formalizar y solemnizar su vínculo contractual”.
A PROPÓSITO DE LA CARTA DEL 91 (VII)
MONS. LIBARDO RAMÍREZ GÓMEZ*
“Se iba avanzando así a nuevas y definitivas situaciones”
DE nuevo en Colombia es de gran trascendencia lo acontecido que precedió al año 1810, cuando se van dando gritos de independencia en sus distintas regiones, con reclamo de nuevos estilos de gobierno, con normas constitucionales en ellas, poco a poco con plena separación de los Reyes de España. Es cuando surge la recia, valiente y tesonera personalidad del santafereño Antonio Nariño (1765-1823), quien desde su imprenta y librería, codeándose con Mutis, y patriotas como Caldas y Camilo Torres, fue, en medio de persecuciones y cárceles, difundiendo la chispa revolucionaria que vendrían a encauzar luego Acevedo y Gómez, Bolívar y Santander, como más destacados lideres de los momentos definitivos para la Independencia.
Hecho de enorme trascendencia fue la publicación en Santafé de Los Derechos del Hombre, por Nariño, que fue inicio de sus torturas y de su gloria. Era la época de la intromisión de Napoleón en España, y se organizaban allá, en la Península, “Juntas de Gobierno” a favor del restablecimiento del rey Fernando VII, lo cual se quiso imitar en la Nueva Granada, pero con miras a total independencia lideradas por el propio Nariño, con Caldas, José María Carbonell y el canónigo Andrés Rosillo, atacados por el virrey Amar y Borbón con sentencia de prisión para sus promotores.
A partir de la conformación de esas Juntas de Gobierno en España trataron de replicarse en América, con lo que fueron surgiendo gobiernos independientes en los distintos países y en las diversas regiones de Colombia. Vino, a la sombra de ellas, el avance de declaraciones de independencia absoluta en lo cual adquirió especial celebridad Cartagena (11-11-1811), aunque fue precedida por otras ciudades como Pamplona, Mompox, Tunja y Garzón, entre otras. Se iba así avanzando hacia nuevas y definitivas situaciones, con nuevas leyes y Constituciones.
En este tejido de recuerdos de hechos y decisiones que van originando leyes y Constituciones a las diversas, hay que tener en cuenta los sucesos de los otros países del continente suramericano. En fechas en torno de la del 20 de julio en Santafé hay trascendentales hechos en Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile en donde se daban primeros pasos en firme hacia su vida independiente, con líderes como Manuel Belgrano (argentino), José Gervasio Artigas (uruguayo), Bernardo O Higgins (Chile), José Gaspar Rodríguez (Paraguay), y luego, bajo el liderazgo del general argentino José de San Martín (1778-1850), se consolidó la independencia de esos países del Sur. Con las tropas de Bolívar se dio la independencia definitiva al Perú, cuyo Virreinato poderoso trató de mantener sus dominios hasta el sur del Ecuador, en Guayaquil.
En Venezuela el veterano militar Francisco Miranda (1750-1816) fue quien hizo contactos en busca de su liberación de España, sin éxito inmediato, pero fue su gran precursor, con proclamación de total independencia, en Caracas, el 5 de julio de 1811. En México, a su turno, fueron los sacerdotes Miguel Hidalgo y Castilla (1753; 1811) y José María Morales y Pavón (1785-1815) los principales animadores de la emancipación, con pasos definitivos hacia la independencia con Agustín de Iturbide (1783-1823), pero con débiles gobiernos sucesivos que permitieron la anexión de la mitad de su territorio a los Estados Unidos. Esos grandes altibajos desembocaron más tarde en el poderío de Benito Juárez (1806-1872), con reformas fundaméntales en la Constitución como abolición de los fueros eclesiástico y militar y otras reformas anheladas por muchos.